El hacker de Nintendo Switch, condenado a 3 años de prisión

El grupo de piratería de videojuegos Team Xecuter fue desmantelado en 2020 y, junto a él, la cara pública de la banda: Gary Bowser. Ese mismo año, el cabecilla fue arrestado en el extranjero y posteriormente deportado a la República Dominicana por haber contribuido al desarrollo de la actividad de venta de dispositivos para piratear consolas de videojuegos, incluida la Nintendo Switch.

Desde ese momento, el ciudadano canadiense residente en Santo Domingo, se encuentra bajo custodia federal por delitos de conspiración para eludir medidas tecnológicas, tráfico de dispositivos de elusión y tráfico de dispositivos electrónicos. El Gobierno de EE.UU. quiere una pena de cárcel de hasta cinco años para este individuo por los delitos mencionados.

Ya en octubre de 2021, Gary Bowser -que a pesar de su nombre no tiene nada que ver con el presidente de Nintendo, Doug Bowser- afirmó su culpabilidad por estos cargos. Hoy el tribunal lo condena a 40 años en prisión. Además, el hacker debe pagar 4,5 millones en restitución a Nintendo, como parte del acuerdo de culpabilidad. Asimismo, el juez encargado de la audiencia de sentencia proclamó que los delitos que Bowser había cometido eran graves y que afectaba a _"víctimas reales y daño a la comunidad"_.

Del mismo modo, se le calificó como un "líder destacado", que se presentaba como la "voz pública y el principal vendedor" del grupo de piratas informáticos. Entre su actividad destaca la administración de los sitios web del equipo, la comercialización de los productos del grupo, los anuncios de la nueva información y responder las preguntas de los clientes sobre sus artículos. En la misma línea se encargó de ayudar, e incluso de crear, bibliotecas en línea de videojuegos pirateados para sus usuarios. Entre sus ganancias por piratería se veían afectadas las empresas de videojuegos, como, por ejemplo, Nintendo Entertainment System Classic Edition, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Sony PlayStation Classic y Microsoft Xbox.

En declaraciones del acusado, según los documentos judiciales, Bowser adquiría $1.000 al mes para comercializar y distribuir los dispositivos pirateados. El fiscal federal que llevaba el caso, Nick Brown, cree que el grupo causó al menos 65 millones de dólares en pérdidas a las empresas implicadas. Así, en el memorando los fiscales concluyeron la sentencia alegando que "cuando los videojuegos se copian ilegalmente y cuando los dispositivos de elusión están fácilmente disponibles , la industria de los videojuegos, y la economía en general, experimentan un efecto dominó negativo… Esto conduce, como mínimo, a menos incentivos para crear y una escena de juego menos vibrante”.